Última actualización: mayo 2026
Las presentes condiciones regulan la contratación del servicio de control horario Tempus365 (en adelante, "el Servicio") entre:
Tempus365 es una plataforma de registro de jornada laboral en modalidad SaaS (Software como Servicio). Permite a las empresas cumplir con la obligación de registro de jornada establecida en el Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.
El Servicio se ofrece en los siguientes planes:
Los precios no incluyen IVA, que se aplicará al tipo vigente. Tempus365 se reserva el derecho de modificar los precios, comunicándolo con al menos 30 días de antelación al inicio del siguiente ciclo de facturación.
El Cliente puede darse de alta y disfrutar de un periodo de prueba gratuito de 14 días naturales. Durante la prueba no se requiere método de pago. Al finalizar la prueba, el Cliente deberá seleccionar un plan de pago para continuar usando el Servicio.
Tempus365 se compromete a mantener una disponibilidad del Servicio del 99,5% mensual, excluyendo mantenimientos programados comunicados con al menos 48 horas de antelación.
En relación con los datos de empleados introducidos por el Cliente, Tempus365 actúa como Encargado del Tratamiento conforme al Art. 28 RGPD. Las condiciones específicas del encargo se regulan en el Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA) que forma parte integrante de estas condiciones.
Los datos introducidos por el Cliente son propiedad del Cliente. Tempus365 no accederá a ellos salvo para la prestación del Servicio, soporte técnico solicitado o cumplimiento de obligaciones legales.
La responsabilidad total de Tempus365 frente al Cliente por cualquier concepto no excederá del importe pagado por el Cliente en los 12 meses anteriores al hecho causante. Tempus365 no será responsable de daños indirectos, lucro cesante o pérdida de datos causada por el propio Cliente.
Tempus365 podrá modificar estas condiciones comunicándolo al Cliente con al menos 30 días de antelación. Si el Cliente no está de acuerdo, podrá cancelar el Servicio antes de que las nuevas condiciones entren en vigor.
Estas condiciones se rigen por la legislación española. Para la resolución de controversias, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid, salvo que la normativa de consumidores disponga otra cosa.